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Proceso legal de Nailea Salas podría resolverse en hasta un año y medio, mientras continúa en libertad

  • Foto del escritor: Ana Laura Wong
    Ana Laura Wong
  • hace 7 horas
  • 2 min de lectura

Tijuana.- En el caso de Nailea Salas Fernández, quien fue sentenciada a más de 21 años de prisión por la muerte de dos personas y lesiones de tres más, aún continúa en libertad, lo que ha generado dudas sobre su proceso legal.


El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Alejandro Isaac Fragoso López, informó que la apelación presentada por la defensa de Salas no debería durar más de cuatro meses y que, posteriormente, el trámite del amparo podría extenderse por más de un año, aunque recalcó que en total no superaría un año y medio.


El magistrado explicó que, aunque Salas estuvo detenida por unos meses tras el incidente, posteriormente quedó en libertad durante casi cinco años y continúa en libertad actualmente.


Esto se debe a que la presunción de inocencia prevalece en el sistema judicial, y la decisión de que no ingrese en prisión definitiva aún no está firme. Señaló que si la segunda instancia confirma la sentencia, entonces podría ser ingresada al centro penitenciario, pero por el momento, la defensa de Salas probablemente promoverá un amparo con un capítulo de suspensión para evitar su ingreso a prisión, basándose en la presunción de inocencia.


El magistrado aclaró que, mientras no se agoten todos los recursos, Nailea Salas continúa en libertad, asistiendo a las firmas correspondientes y respetando las medidas cautelares. Solo cuando no queden recursos pendientes, y si la justicia confirma la sentencia, ingresará en prisión.


Por otro lado, resaltó que las víctimas han tenido que esperar cinco años para obtener justicia, un período que, según explicó, corresponde al proceso de investigación y a las estrategias de la fiscalía y la defensa.


La fase inicial de investigación, que suele durar entre tres y seis meses, puede extenderse mediante solicitudes de ampliación, lo cual, en teoría, no debería superar los dos años.


Sin embargo, en la práctica, estas extensiones responden a estrategias legales y a la carga de trabajo de las autoridades, que en algunos casos prolongan los procesos más allá del tiempo previsto.


El magistrado reconoció la labor de la fiscalía, pero también destacó que la duración de las investigaciones y las estrategias jurídicas influyen en la demora en la resolución del caso.

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